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Se les deja de cerrar la puerta en la cara: el Gobierno impulsa un proyecto para que los extranjeros puedan comprar campos de forma ilimitada
Este jueves, el Senado se tratará el proyecto de ley que impulsa el Gobierno para modificar la Ley 26.737 de Tierras Rurales dentro del paquete de normas para la inviolabilidad de la propiedad privada. La novedad principal es la eliminación de las restricciones vigentes que tienen los extranjeros para comprar en el país.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la reforma al afirmar que la Ley de Tierras sancionada en 2011 “criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros”, lo que contradice, según él, “el espíritu de la Constitución, que reconoce los mismos derechos civiles a nacionales y extranjeros y promueve la inmigración de quienes vienen a trabajar y producir”.
Ravier aseguró en la conferencia de prensa que estas restricciones frenan inversiones de gran magnitud, especialmente en el sector foresto-industrial de las provincias del NEA, Cuyo y la Patagonia, donde existen “proyectos millonarios que no pueden desarrollarse por estas trabas”.
El funcionario remarcó que el proyecto establece una diferenciación clara entre los inversores privados y los Estados extranjeros. Actualmente, los Estados pueden comprar hasta 1.000 hectáreas libremente, pero con esta ley necesitarán autorización específica. Además, cualquier intento de eludir esos controles mediante testaferros será considerado una simulación ilícita.
“Al poder estatal extranjero se lo controla más que nunca, mientras que a los productores e inversores genuinos se les deja de cerrar la puerta en la cara”, resumió Ravier.
La Ley de Tierras Rurales N° 26.737 fue sancionada en 2011 y establece que los extranjeros no pueden superar el 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. En la zona núcleo, este límite es de 1.000 hectáreas. Además, prohíbe la venta de campos que incluyan o limiten con cuerpos de agua permanentes, zonas de glaciares o áreas de frontera.
Según datos oficiales, Argentina cuenta con una superficie continental de 279,1 millones de hectáreas, de las cuales unas 266,7 millones corresponden a tierras rurales. De este total, alrededor de 16,2 millones de hectáreas están en manos extranjeras, lo que representa el 6% del total.
Lucas Palma, presidente de la Cámara Inmobiliaria Rural (CAIR), mencionó que las tierras en manos de extranjeros están muy por debajo del límite legal vigente. Distritos como Salta, La Rioja, Catamarca y Corrientes presentan niveles de extranjerización que oscilan entre el 10% y el 13%. En la provincia de Buenos Aires, la superficie de titularidad extranjera representa apenas el 2,87%, mientras que en Córdoba alcanza el 1,21% y en Santa Fe el 1,71%.
Federico Nordheimer, titular de Nordheimer Campos y Estancias, comentó sobre el temor histórico de que los extranjeros adquieran campos. Este miedo, aunque comprensible, contrasta con la realidad del sector, que muestra una historia diferente.
Respecto del impacto de la reforma sobre el valor de la tierra, Palma sostuvo que el efecto no dependerá exclusivamente de la flexibilización del régimen para inversores extranjeros, sino de un conjunto de medidas económicas que mejoren la rentabilidad del sector. “Lo que realmente puede hacer subir el valor de los campos son políticas como la eliminación de las retenciones y reglas de juego claras”, afirmó.
Nordheimer agregó que la reforma podría abrir espacio genuino para el capital extranjero en proyectos de alta inversión y largo plazo, como el desarrollo de zonas con riego. “Los grandes fondos institucionales que pueden venir a la Argentina no trabajan solos, buscan alianzas con actores argentinos. Eso asegura que el desarrollo se haga con conocimiento local y que los beneficios se distribuyan en la economía nacional”, concluyó.
Qué ocurre en los países vecinos
La participación de capital extranjero en la propiedad de tierras rurales es un fenómeno extendido en Sudamérica, aunque cada país aplica diferentes mecanismos de regulación.
En Paraguay, entre el 14,2% y el 19,4% de la superficie nacional pertenece a propietarios extranjeros, principalmente brasileños. En Uruguay, se estima que alrededor de 2,2 millones de hectáreas están bajo control de grupos corporativos y capitales extranjeros, lo que ha sido impulsado por la actividad forestal y los agronegocios.
Por su parte, Brasil mantiene restricciones históricas que limitan la propiedad extranjera al 25% del territorio de cada municipio y al 10% para una misma nacionalidad.
Fuente: Esteban Fuentes
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