Megaestafa inmobiliaria: 100 nuevas denuncias contra los L’Abbate
Un padre y sus tres hijos, junto a un socio, están detenidos y procesados por vender hasta seis veces un mismo departamento en pozo. Dos de los imputados buscan absorber toda la responsabilidad penal para evitar que los acusen por asociación ilícita y así reducir el monto de la pena.
En la Comisaría 1B de la Ciudad de Buenos Aires, en Microcentro, los miembros de la familia L’Abbate y un socio comparten el encierro y el silencio. Apenas unos metros cuadrados para quienes hasta hace poco encabezaban un imperio inmobiliario que se desmoronó con la rapidez de un castillo de naipes. Están todos ahí: el patriarca, sus hijos y un copartícipe. Los procesados son Vito Antonio L’Abbate, Emanuel Andrés L’Abbate, Juan Ignacio L’Abbate, Santiago David L’Abbate y Patricio Gastón Flores, acusados de integrar una asociación ilícita destinada a cometer múltiples maniobras defraudatorias mediante fideicomisos inmobiliarios.
Por su parte, Flores, quien firmó la mayoría de los boletos de compraventa, pidió a la Justicia permanecer separado del resto. Fue trasladado a otra comisaría. Su decisión no es menor: marca “la grieta” que ahora atraviesa a este grupo acusado de una de las estafas inmobiliarias más grandes de los últimos tiempos.
A la espera de que se les asigne un cupo en el Servicio Penitenciario, los principales imputados aguardan el avance de una causa que no deja de crecer. La Justicia confirmó a Clarín que ya se acumularon 100 denuncias a las 50 que ya existían. La trama de engaños incluye departamentos vendidos hasta seis veces, sociedades fantasmas y excusas que se repetían como un guión. Mientras la Justicia avanza con procesamientos firmes por estafa y una posible asociación ilícita, los L’Abbate afinan una estrategia para eludir la condena más dura.
La estrategia de los L’Abbate
En la última audiencia donde Vito y Emanuel L’Abbate pidieron ampliar sus declaraciones, padre e hijo intentaron desligar de responsabilidades a otros miembros de la familia. La maniobra busca presentar a los demás como simples empleados ajenos al diseño de la estafa. Según el abogado Nicolás Pelliccioni, “la estrategia es clara: absorber toda la responsabilidad para que no les imputen la asociación ilícita y les quede solo la estafa, que tiene una pena mucho menor”.
“Ellos dicen que no son una familia que inventó una asociación para estafar a la gente, que tienen un montón de departamentos entregados y que en realidad todo pasó por problemas financieros. Lo cual es totalmente mentira, porque ellos sabían lo que estaban haciendo, que estaban vendiendo una misma propiedad hasta seis veces. Esa es su defensa”, dice el abogado a Clarín.
Flores, quien firmaba la mayoría de los boletos de compraventa, también busca desmarcarse. Según fuentes cercanas, en la última audiencia que se celebró el último martes, aseguró que desconocía la maniobra y que fue engañado por la familia con la que mantenía una relación de confianza desde la adolescencia. “Yo era un empleado, me cagaron la vida”, habría dicho en su descargo.
Actualmente, la defensa de los acusados se centra en apelar la prisión preventiva, que había sido solicitada por la fiscal Mónica Cuñarro, quien lideró la investigación de la megaestafa inmobiliaria. En el caso de Santiago y Juan Ignacio L’Abbate, pidieron a través de sus abogados una morigeración de la medida cautelar para que les den domiciliaria. Sin embargo, los procesamientos por estafa están firmes y la apelación por asociación ilícita sigue su curso.
El impacto de la estafa
El caso explotó cuando se reveló que los L’Abbate habían llegado a vender hasta seis veces el mismo departamento en distintos emprendimientos inmobiliarios. Los hechos investigados comprenden la comercialización fraudulenta de inmuebles en proyectos administrados por parte de Induplack Fiduciaria S.A., perjudicando a decenas de compradores. Las víctimas entregaban dinero por unidades que no eran construidas, que quedaban a medio terminar o incluso que eran entregadas a terceros.
“Sin embargo, no obstante haber recibido los fondos suficientes como para cubrir el costo de la construcción, los imputados desviaron el dinero recibido en su propio beneficio y/o de terceros”, describe el documento donde se dictaminó la prisión preventiva para los cinco
