Es oficial: 15 estados del país regulan las ofertas de “dinero rápido” para la compra de casas en efectivo y alertan sobre los riesgos
Los llamados wholesalers ponen sus carteles en postes, calles y carreteras de todo el país. También realizan llamadas telefónicas, envían mensajes de texto o de correo electrónico. Hacen una promesa sencilla y tentadora: comprar una vivienda rápidamente, incluso si necesita reparaciones, en efectivo y sin pasar por el proceso inmobiliario tradicional. La maniobra es legal, pero existen riesgos.
Por eso,
15 estados han establecido regulaciones, aunque no han llegado a prohibir esta forma de compra de propiedades. El problema informado por legisladores y organizaciones de consumidores es que algunos propietarios pueden ignorar que están tratando con un intermediario y desconocer cuál es el verdadero valor de su vivienda.
Porque, a diferencia de una operación inmobiliaria convencional, el wholesaler normalmente no quiere quedarse con la vivienda. Solo busca propietarios dispuestos a vender y consiguen que firme un contrato para comprar el inmueble por un determinado precio. Después puede ceder o vender ese contrato a otro inversor, que finalmente adquiere la propiedad. El intermediario obtiene su beneficio de la diferencia entre el precio acordado con el propietario y el que consigue del comprador final.
Menor precio y especulación
La Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas en inglés) advierte de las consecuencias que esta maniobra puede tener en personas mayores. La agente inmobiliaria Lisa Straight le dijo a AARP que muchos wholesalers buscan a personas mayores con dificultades económicas para comprarles la vivienda por cantidades irrisorias.
La AARP agrega que “una vez firmado el contrato con el propietario, la empresa compradora suele vender la propiedad a un inversor para obtener ganancias”. Las empresas abusivas suelen dirigirse a personas mayores, aprovechándose de su deseo de mudarse a una vivienda más pequeña o de su necesidad de ingresar a una residencia de ancianos.
Ante esa situación, según Stateline,
15 estados aprobaron regulaciones. Algunos de ellos son:
- Missouri exige un documento que advierte que el precio ofrecido puede ser inferior al de mercado y que el contrato puede ser transferido a otro comprador al menos 14 días antes del cierre de la operación.
- Maryland, Ohio, Oklahoma y Texas han establecido requisitos de información para determinadas operaciones de wholesaling.
- Illinois, Carolina del Sur y Rhode Island han aprobado requisitos de licencia inmobiliaria para muchos operadores para someterlos a la supervisión de los reguladores estatales.
La propiedad suele ser uno de los activos más valiosos de una persona mayor y al venderla a un mayorista, esta pierde mucho dinero que podría destinarse a gastos médicos o cuidados a largo plazo, explica Samar Jha, directora de asuntos gubernamentales de AARP. “Detener este negocio por completo no es realista, pero podemos intentar regularlo para que menos personas se vean afectadas”, agrega.
Los defensores de la actividad dicen que es útil para aquellos dueños de casas que desean venderlas porque están deterioradas y que tendrían dificultades si dependen del mercado tradicional.
Un artículo de Stateline cita al representante republicano por Missouri, Chris Brown, que patrocinó la legislación aprobada en el estado. “Simplemente estamos tratando de asegurarnos de que haya transparencia y de que el vendedor de la propiedad esté bien informado sobre lo que el mayorista planea hacer con ella”, dijo. Agregó que “algunos de estos mayoristas se vuelven un poco abusivos y la gente acaba perdiendo mucho capital invertido en su casa”.
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